Proteger a los jóvenes de la violencia digital a través de la educación

“Entre vosotros, jóvenes, es donde me encuentro bien”

San Juan Bosco

La bancada del partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Yucatán se encuentra a la derecha; en el caso de que lo veas desde la puerta del Salón del Pleno. Precisamente, por ahí se encuentra una de las dos puertas por donde los legisladores ingresan al recinto. Cada miércoles, alrededor de las 11 de la mañana, por debajo de ese marco salen algunas figuras rimbombantes de la agrupación política que ocupa el Palacio de Gobierno, como la ex senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, el diputado reelecto Manuel Díaz Suárez, la ex legisladora federal Kathia Bolio Pinelo y, junto a ellos, la joven diputada Paulina Viana Gómez.

En el caso de esta meridana, la falta de experiencia en la arena política no ha sido sinónimo de temple. Al contrario, la joven panista adquirió un protagonismo en la máxima tribuna política del estado al llevar una agenda particular en defensa de los jóvenes.

El año 2019, en Yucatán pasaron ciertos eventos que hasta este año eran ajenos a esta sociedad, tanto en la ciudad de Mérida como en otros municipios. Por ejemplo, un estudiante de la Facultad de Ingeniera de la Universidad Autónoma de Yucatán, externó su deseo a través de un servicio de mensajería digital de perpetrar un ataque armado en el Campus de Ciencias de la UADY. Siete días después, un aparente caso de bullying sembró terror en la escuela Allianz Comunidad Estudiantil, también en el norte de Mérida, toda vez que se divulgaron las fotos de un ex estudiante de la institución con una reseña de un posible ataque armado. Estos dos casos generaron tal tensión en la sociedad yucateca, que el director de la referida escuela, José Díaz Torres, agredió a un reportero que buscaba transmitir  la información a través de las redes sociales.

Ante esta situación, la legisladora Viana Gómez llevó este tema al Congreso del Estado para combatir este tipo de acciones. Pero no lo hizo desde la óptica punitiva, sino buscando una solución de fondo, es decir, que la violencia digital y el buen uso de las redes sociales sea un tema de obligatorio abordaje en los salones de clases y desde los primeros niveles de enseñanza.

“La finalidad principal es prevenir el acoso escolar, conductas antisociales e ilícitas que se cometan por conducto de estos medios, debiéndose involucrar en esta tarea a los padres de familia o tutores para que de manera conjunta se realicen acciones de prevención desde el ámbito familiar”, dijo la representante del distrito uno del Poder Legislativo Local.

Anterior a ello, Viana Gómez presentó una modificación a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ante la realidad de los tiempos de modernos, Viana Gómez tomó la máxima tribuna del Congreso para pedir que también sea sancionada la violencia que se genera en las redes sociales, conocido popularmente como el “cyberacoso”. Esto ocurrió el pasado 16 de mayo, y fue aprobado por los otros diputados de la sexagésima segunda legislatura el 19 de junio.

El trabajo de la diputada panista también incluyó la participación del Instituto Estatal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como INAIP por sus siglas, al otorgarle atribuciones a esta institución para proporcionar asesorías e información a las víctimas sobre esta modalidad de violencia y los procedimientos para ejercitar sus derechos de cancelación.

El mundo sigue evolucionando, las redes digitales se siguen desarrollando y con esta aceleración de cambios, también probablemente la agenda legislativa para los jóvenes, seguirá con su proceso de metamorfosis al mejor estilo de Franz Kafka.

El marketing político definirá de quién es la culpa en Yucatán

“El político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene; y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que el predijo”.

Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido.

El nacionalsocialismo del Führer Adolf Hitler desarrollado en Alemania y propagado por diversos países de Europa a través de la política guerra y del sometimiento, representa uno de los capítulos más obscuros de la historia de la humanidad. Quizás, en ese plan tan perverso, se generó una práctica que se ha convertido en la constante de cualquier agrupación política, administración o modelo de gobernanza. Algunos, incluso, sin saberlo habrán adoptado ese recurso del régimen nazi, al “repetir mil veces una mentira hasta que se convierta en realidad”.

 El deporte y la política tienen algo en común. Para el dueño del equipo o el gobernante, no importa si el jugador es bueno o malo, siempre y cuando se vendan las camisetas, y al final puedan alzar el trofeo de campeón. Es decir, mercadotecnia.

Para reforzar esa teoría, colocaremos un ejemplo. La ciudad de Caracas, antes de la llegada del chavismo, estaba (y aún tiene esa composición) integrada por cinco municipios. La mayoría de ellos de diferentes agrupaciones políticas. El centro de la capital venezolana se llama “Municipio Libertador”, el cual era dirigido por un zorro político llamado Aristóbulo Isturiz en la década de los 90`s, hoy convertido en un célebre chavista. El alcalde compró mil quinientos botes de basura para colocarlos en diferentes postes de la ciudad. Los trabajadores del ayuntamiento llegaron a la frontera con el municipio Chacao y aún tenían quinientos botes. La orden fue “ponle esos quinientos a la catira” (Güera). La “catira” era la alcaldesa del municipio Chacao, Irene Sáez, una exreina de belleza que se había alzado con la corona en el Miss Universo de 1981. Al día siguiente salió en la prensa: “Chacao amaneció con nuevos botes de basura”.

Todo este preámbulo es para llegar al tema de la reducción de casi cuatro mil millones de pesos en el presupuesto del 2020 para Yucatán. Ante esta cruda realidad, el gobierno del estado tuvo pocos días para desarrollar un modelo de presupuesto para el próximo año. Las primeras conclusiones que salieron a la vista de ese proyecto es cumplir con el reemplacamiento, el cual -por ley- debe hacerse cada tres años (el último fue en el 2017).  Un aumento en el impuesto por noche de habitación de hotel, más un nuevo importe para el mantenimiento de los equipos tecnológicos que van a ser adquiridos a través del plan “Yucatán Seguro”.

Ante esta situación, los hoteleros han comenzado a exhibir diversas lonas en las que se aprecia la inconformidad de este sector por la colocación de este nuevo impuesto. Una protesta que no cuenta con el respaldo de todo el sector empresarial de Yucatán.

Raúl Aguilar Baqueiro, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y José Antonio Loret de Mola Gómory, representante de la COPARMEX Mérida, coincidieron en que esta nueva política de recaudación fue previamente consensuada en el Consejo Consultivo del Presupuesto, del cual forma parte tanto el gobierno del estado como el sector empresarial, académico y de la sociedad civil.

“Es un presupuesto necesario, el cual busca no golpear la economía de los yucatecos. Tenemos que hacer algo y hacerlo por el bien de Yucatán y sus habitantes”, profirió Loret de Mola Gómory.

La Culpa es de la Vaca

A mediados de este año, uno de los casos que generó mayor controversia y polarización dentro de la sociedad yucateca, fue el rechazo en par de ocasiones de la iniciativa del Matrimonio Igualitario. La no aprobación de este tema fue impulsada por la bancada del partido Acción Nacional en el Poder Legislativo de Yucatán.

Sin embargo, la opinión pública colocó su dedo acusador sobre los diez diputados del Partido Revolucionario Institucional y el presidente de la Junta de Gobierno, Felipe Cervera Hernández. Sobre este tema, aunque la votación fue secreta, se conoció que al menos tres priistas aprobaron la unión de dos personas del mismo sexo, con los sufragios a favor de Karla Reyna Franco, Janice Escobedo Salazar y Lila Frías Castillo. Incluso, de acuerdo con las matemáticas, en la primera votación en abril de 2019, hasta el cuestionado Cervera Hernández pudo haber votado a favor.

Ahora, de regreso al presupuesto, las reacciones están centradas a las reacciones del problema y no en la generación del mismo, es decir, la reducción de casi cuatro mil millones de pesos por parte de la Federación.