Los representantes del ejecutivo de Yucatán tendrán que defender el presupuesto de manera presencial en el Congreso de Yucatán

Tras una intensa discusión en la Sala de Usos Múltiples “Maestra Consuelo Zavala Castillo”  del Congreso de Yucatán se aprobó por mayoría que los funcionarios del Ejecutivo estatal tengan que presentarse en las instalaciones del Poder Legislativo para exponer y defender el presupuesto diseñado por el Gobierno para el año 2021.

En la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal la diputada de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea, fue la única que se opuso a la idea de que las comparecencias de los funcionarios del ejecutivo sean presencial al recordar que la presente legislatura aprobó las reuniones de comisiones o del pleno de manera virtual. “En este momento estamos violando las disposiciones de Salud, en este salón hay más de 35 personas”, explicó la legisladora de la agrupación política naranja. “Aquí no nos dejan entrar con nuestros asistentes, entonces sólo pasa personal del Congreso que trabajan para una bancada en específico”, insistió Romero Bastarrachea.

La intervención de la legisladora generó un intenso debate en la Sala de Comisiones. El diputado del PRI, Marcos Rodríguez Ruz, respondió en alusión a la intervención de su par legislativo, que el tema del presupuesto demandaba una comparecencia física y no virtual. “Muy lamentable que estemos confundiendo a la sociedad, que intentemos confundir a la audiencia buscando la nota”, indicó el legislador tricolor.

Por su parte, Miguel Edmundo Candila Noh, también hizo referencia al pronunciamiento de la diputada de Movimiento Ciudadano, al asegurar que no es necesario el ingreso de los asistentes a las comisiones del Congreso. “Yo trabajo para el pueblo, no trabajo para mí”, aseveró el representante del Distrito III. “Ustedes no me ven con un fotógrafo que esté trabajando para mis redes sociales, lo importante es que lo se va a discutir con relación al presupuesto”, terció.

Ante tales señalamientos, Romero Bastarrachea, volvió a tomar la palabra en la Comisión de Presupuesto. “Que no me mayoriteén, no se para qué demonios legislamos sobre leyes avanzadas si luego no la aplicamos”, vociferó la legisladora.

Al final, la mayoría de los diputados aprobaron por mayoría la comparecencia física en las instalaciones del Legislativo.

También fue aprobado el calendario para analizar el presupuesto

Por unanimidad, los diputados que conforman la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal aprobaron el calendario de discusión del paquete de egresos de los 106 municipios y del estado.”Vamos a tener discusiones de diez, doce horas y prácticamente vamos a tener que convocar a la Comisión hasta el 15 de diciembre que es lo que las leyes nos permiten”, dijo Víctor Merari Sánchez Roca, presidente de la referida comisión. “Vamos a dividir la discusión en 52 municipios y luego otros 52. Para luego también hablar de la ciudad de Mérida y el estado”, afirmó el diputado panista.  

Yucatán ya tenía su propia “Ley Olimpia”

Los círculos defensores de los derechos humanos y especialmente, los que defienden la causa de las mujeres, han estado celebrando la aprobación de la “Ley Olimpia” en el Congreso de la Unión, cuyo texto sancionará a aquellos que divulguen fotos íntimas o mensajes privados sin el consentimiento de la víctima. Una ley que será aplicada en toda la geografía nacional y que se ajusta a los tiempos modernos y las transformaciones que se están tejiendo en toda la República.

Sin embargo, Yucatán ya tenía su propia “Ley Olimpia” desde prácticamente que se inició la Sexagésima Segunda Legislatura con el texto que presentó la representante del distrito I, la panista Paulina Viana Gómez. Cuando se discutió este proyecto de ley que posteriormente fue aprobado, se le conoció como “porno venganza”, sin embargo, Viana Gómez se encargó de explicar que el proyecto iba más allá del término.

“En México, según el Instituto Nacional de las Mujeres, el ciberacoso es una forma de violencia ejercida en mayor proporción hacia las mujeres a través del uso de la Internet. Sin dejar de lado, que el -Estudio de Hábitos de los usuarios en ciberseguridad en México 2019-, reportó que el 34% de los participantes ha sufrido algún tipo de acoso, de los cuales, dos terceras partes son cometidos en contra de menores de edad”, dijo la legisladora desde la máxima tribuna política del estado, en el 2019.

Antes de que este tema fuera discutido por diputados federales y senadores, “Pau”, tal como es conocida en la arena política y por los vecinos del distrito I (uno) ya había hecho un análisis de los casos de abusos que se registraban desde las redes sociales y en la web. “De acuerdo con el Módulo de Ciberacoso 2017, del INEGI, la prevalencia nacional de ciberacoso fue del 16.8% y nuestro estado supera este porcentaje con un17.4%, arrojando para las mujeres un 19.2% y para los hombres un 15.6%”, agregó la legisladora.

Viana Gómez cuando presentó la iniciativa de ley, lo hizo tomando como base otros instrumentos jurídicos que ya estaban presentes en la constitución del estado. “Y si bien en Yucatán, ha tenido un avance al tipificar los delitos contra la intimidad e imagen personal, y recientemente fue aprobada en esta legislatura la tipificación de los delitos informáticos; con ello no se protege en su totalidad la integridad de los internautas, siendo indispensable castigar el ciberacoso que va más allá de una connotación sexual, erótica o pornográfica y así garantizar la seguridad de todas las personas en los diversos ecosistemas tecnológicos”, explicó la panista. “Además, es fundamental referir que el ciberacoso muchas veces es la primera forma de violencia que se realiza, para luego pasar a la violencia que se ejerce de manera directa como la verbal o física, hasta finalizar incluso en un fatal desenlace como lo es la muerte de la víctima” sostuvo la representante del distrito I. 

Morena propone que también se vigilen los servicios de transporte de plataformas digitales en la lucha contra el coronavirus

Luego que el Gobierno del Estado anunciara un nuevo plan de movilidad segura para el centro de Mérida con el objetivo de disminuir los riesgos de contagios de coronavirus, el partido Morena propuso que esa vigilancia también se aplicara a los carros que ofrecen servicios de transporte privados y que son solicitados por plataformas digitales.

El punto de acuerdo fue presentado por el coordinador de la bancada de Morena en el Poder Legislativo local, Miguel Edmundo Candila Noh, al señalar que ante la propuesta también presentada por la priista Lilia Frías Castillo, se debe velar que los guaidores de estos conches privados y que trasladen a los yucatecos, deben portar mascarillas, cubrebocas y también portar gel antibacterial. El punto de acuerdo del legislador morenista propone que es el ejecutivo estatal el que debe realizar esta tarea de vigilancia

Computadora para los niños

Asimismo, desde el poder legislativo local, Candila Noh propuso que el Gobierno del Estado debe rescatar el programa Programa de Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información que consiste en dotar de equipos de cómputo a maestros y maestras de educación básica de manera gratuita para elevar sus competencias pedagógicas y favorecer el uso virtuoso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic), Plataformas Virtuales, Redes Sociales e Internet, incluyendo las medidas de protección de datos.

Asimismo, en el documento presentado por Candila Noh le pide al Ejecutivo Estatal se revise el Proceso de Asignación de plazas de educación básica temporales o definitivas y se otorguen en igualdad de condiciones como establece la Constitución en su Artículo Tercero.

Movimiento Ciudadano propone aumentar la tipificación para feminicidio

Las diputadas de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea y Silvia López Escoffié, presentaron una iniciativa que contempla sanciones más severas y nuevas conductas para tipificar el delito de feminicidio en Yucatán.

Durante su participación en la sesión plenaria del Congreso del Estado, Romero Bartarrachea, sostuvo que muchas mujeres siguen siendo acosadas y amenazadas por hombres cercanos a ellas, y que esa razón las motivó a presentar la propuesta que modifica el Código Penal del Yucatán.

“Nosotras legislamos a partir de la realidad que se vive cada día, buscamos visibilizar los hechos, darle herramientas a las autoridades para que puedan proceder y establecer las agravantes en los casos de feminicidio”, puntualizó.

Reiteró que la violencia es consecuencia de la desigualdad y de la discriminación de género, nacida de un sistema machista que impera en nuestra sociedad mexicana.

Explicó que Mérida ocupa el lugar número 50 de los 100 municipios con más feminicidios, lo que equivale al 0.60 por ciento de delitos por cada 100 mil mujeres. Y que en los últimos años la cifras han ido en aumento.

En primer punto, se propuso incluir como antecedentes de violencia los aspectos político y comunitario, como contextos de violencia previa en contra de la víctima, además de los ya contemplados en la Ley Local, ya que en la actualidad no se están tomando en consideración estos tipos de violencia contra las mujeres.

También se amplió el término “razones de género”, considerado que es necesario actualizar más de dos circunstancias para que el tipo penal sea aplicable, por lo que se plantea que el delito de feminicidio concurra con una razón de género para tipificar el mismo y no varios de los supuestos contemplados en la legislación actual.

De la misma manera se incluiría dos nuevas conductas que son “depositar” y “arrojar”, como términos que señalan la intención de desaparecer el cadáver de la víctima o bien de colocarlo en lugares denigrantes o degradantes.

Asimismo se agregará una nueva agravante, el cual sería el uso de enervantes y sustancias psicotrópicas para vencer la voluntad de la víctima previamente a cometer el hecho ilícito.

Igual se contempló la existencia de alguna relación de superioridad o subordinación entre el sujeto activo y la víctima como lo puede ser en el ámbito laboral o docente.

La iniciativa también incluye las amenazas que no se realizan directamente hacia la víctima, sino que, pudieran ser afectadas hacia personas del entorno cercano a esta.

La modificación anterior permite la posibilidad que el Ministerio Público como autoridad investigadora, sustente como evidencias las amenazas a la integridad de la víctima hechas a personas de su entorno inmediato.